San Pedro fue el escenario clave para el rescate de una adolescente captada por una red de narcotráfico

La fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, María Alejandra Mángano, solicitó la elevación a juicio de una causa en la que dos personas —madre e hijo— están acusadas de haber captado en la Capital Federal y trasladado a una adolescente de 15 años con fines de explotarla como “correo humano”, en el marco de una frustrada maniobra de transporte internacional de estupefacientes que se iba a realizar desde Perú.

Según el requerimiento presentado ante el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, Ariel Lijo, la investigación permitió establecer que la víctima fue captada en el barrio Padre Pedro Mugica (ex Barrio 31 de Retiro) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un contexto de extrema vulnerabilidad social, caracterizado porque vivía en situación de calle, con consumo problemático de sustancias y desvinculada del sistema educativo.

Los imputados son un hombre de 34 años  y su madre de 53, ambos de nacionalidad peruana. El acusado deberá responder como coautor del delito de trata de personas con fines de explotación, agravado por haber mediado engaños, violencia, amenazas, intimidación y coerción; por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima; y por tratarse de una menor de 18 años. En su caso, además, se le imputa el delito de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con la figura de corrupción de menores, todo en calidad de autor. Por su parte, a su madre se la imputó como coautora del delito de trata de personas con fines de explotación, en su caso, agravado por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima; y por tratarse de una menor de 18 años.

La fiscal Mángano consideró que la modalidad de “correo humano” es equiparable a una de las formas de explotación que configuran el delito de trata de personas. Sostuvo que, aunque la Ley 26.364 no la prevea expresamente, las acciones “son compatibles con la finalidad de reducción a la servidumbre”, sostuvo la representante del MPF.

La maniobra investigada

De acuerdo a la hipótesis fiscal, sostiene que los imputados captaron a la adolescente de 15 años en agosto de 2025, aprovechando su extrema vulnerabilidad y un vínculo afectivo preexistente. Bajo el pretexto de unas “vacaciones” en Perú, el objetivo real era explotarla como “correo humano” para el transporte transnacional de estupefacientes. Según la fiscal Mángano, la maniobra consistía en obligar a la víctima a ingerir cápsulas o someterla a injertos subcutáneos de droga para luego reingresarla al país. Para asegurar su control, los acusados ejercieron amenazas de muerte y le prometieron dinero y bienes.

El operativo

El caso se inició el 18 de septiembre de 2025, cuando Gendarmería Nacional interceptó un ómnibus en la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro, tras una denuncia anónima a la línea 145. El vehículo, que partió de Once con destino a San Salvador de Jujuy, trasladaba a los sospechosos y a la menor, quien no figuraba en la lista de pasajeros y carecía de documentación. Pese a que los adultos intentaron inducirla a dar información falsa, la adolescente manifestó espontáneamente que planeaban usarla para transportar droga.

La fiscalía destacó que el imputado —19 años mayor que la víctima— la sometió a abusos sexuales y presiones constantes. Los acusados organizaron el traslado por canales informales para eludir controles, sin pertenencias personales y utilizando rutas clandestinas. Aunque inicialmente no se hallaron sustancias en el operativo de San Pedro, la declaración en Cámara Gesell y los informes de organismos de rescate ratificaron el plan criminal de convertida en un instrumento del narcotráfico.

Definiciones de la fiscalía sobre el caso

Para la titular de la PROTEX, las evidencias no dejan dudas sobre la finalidad de explotación y la “cosificación” de la menor. Los informes migratorios revelaron que los imputados utilizaban frecuentemente pasos no habilitados, una práctica común en el tráfico de personas. Con testimonios de Gendarmería, peritajes electrónicos y el relato de la víctima como prueba central, el Ministerio Público Fiscal consideró concluida la instrucción y solicitó la elevación a juicio, adelantando además un pedido de reparación económica para la damnificada.

Evidencia y estado del proceso

La fiscalía dio por concluida la instrucción y solicitó elevar la causa a juicio tras reunir pruebas clave como testimonios de Gendarmería, peritajes electrónicos y la declaración de la víctima en Cámara Gesell. También se valoraron informes migratorios sobre el uso de pasos fronterizos no habilitados. En el debate, el Ministerio Público Fiscal requerirá además una reparación económica para la joven.